La Legislatura porteña aprobó anoche una ley de protección integral y asistencia médica al enfermo celíaco, que obliga a restaurantes, bares y confiterías la inclusión en sus menús de por lo menos una opción apta para las personas que sufren esa patología.
La norma, propuesta por la diputada macrista Marta Varela, además, establece que los centros de salud y hospitales públicos estarán obligados a realizar gratuitamente los análisis clínicos de detección de la enfermedad, con el único requisito de la orden médica correspondiente.
En relación con los prestadores privados de salud, se especifica que incorporarán en sus programas de atención médico-asistencial todos los medios de diagnóstico pertinentes a su alcance, en concordancia con lo establecido en el Plan Médico Obligatorio.
En la Argentina, hay más de 400.000 personas que padecen la enfermedad, que provoca la inflamación crónica intestinal, causada por una proteína presente en cereales como trigo, avena, cebada y centeno.
A primera hora de ayer, después de una larga sesión, los diputados también aprobaron, en primera lectura, un proyecto que extiende por 20 años el permiso al Club de Amigos para usar el espacio verde que ocupa en el parque Tres de Febrero, a pesar del reclamo de algunos vecinos para que su uso sea público y gratuito.
Tal como lo adelantó LA NACION, se endureció el Código de Faltas, que establece que se pagará un monto fijo de 150 unidades fijas (hoy, cada una vale 1 peso, pero aumentaría a 1,20 con la nueva ley tarifaria, lo que llevaría el monto a 180 pesos) por mal estacionamiento, hablar por celular mientras se conduce o no usar cinturón de seguridad. La modificación elimina los montos mínimos y máximos en determinadas multas de tránsito, para pasar a un valor fijo.
La cifra aprobada para esas infracciones es inferior a los 360 pesos, que los redactores del proyecto habían propuesto, según pudo saber LA NACION después de las presiones que los legisladores recibieron por parte de los sindicatos del transporte.
Los legisladores acordaron, además, mantener el plazo de dos años de prescripción de las multas
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